Los permisos entregados en administraciones anteriores a casinos ahora bloqueados por presunto lavado de dinero serán objeto de revisión en una investigación federal. El objetivo es establecer desde cuándo operaban con irregularidades y qué funcionarios firmaron esas autorizaciones.
Durante la conferencia matutina del 12 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que se trabaja en una línea de tiempo que permitirá delimitar el origen de estas operaciones. «Estas investigaciones empezaron hace meses desde cuándo llevaban operando nos lo va a dar el propio análisis que más adelante concluya las investigaciones», declaró el funcionario.
También precisó que no puede asumirse responsabilidad automática por parte de quienes firmaron los permisos, dado que las irregularidades podrían haberse presentado después de su emisión. «No necesariamente desde que se otorgó el permiso estaban operando mal. También hay que ver desde cuándo tenían irregularidades», añadió.
El caso involucra a 13 establecimientos físicos y digitales cuya operación fue suspendida por su presunta participación en una red financiera ilegal. Según lo expuesto por la Procuradora Fiscal, Griselda Galeano, en muchos casos se usaron identidades ajenas para simular apuestas y ganancias inexistentes. «A estas personas se les engaña o se les roba la identidad y los datos bancarios que se usan para mover dinero dentro del esquema», señaló.
A través de estos mecanismos, personas sin relación con la actividad apostadora –incluyendo estudiantes, jubilados y trabajadores– fueron utilizadas para introducir recursos de procedencia desconocida en los sistemas del casino. En varias ocasiones, estos individuos ni siquiera sabían que estaban implicados en transacciones millonarias.
Igualmente, los fondos eran transferidos a cuentas en el extranjero, a menudo en destinos clasificados como paraísos fiscales. Posteriormente, regresaban a México con apariencia de ingresos lícitos, disfrazados mediante donativos, servicios ficticios o compras simuladas por parte de las mismas plataformas.
De momento, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no se harán públicos los nombres de empresas ni titulares de licencias bajo investigación. «De parte de la autoridad no puede señalarse directamente esta investigación con nombre de las empresas», informó al ser cuestionada sobre los propietarios de los casinos suspendidos.
Mientras avanza la indagatoria, se evalúa la necesidad de reformar el marco legal que regula las casas de apuestas digitales, dada la expansión de estos servicios y su limitada fiscalización. Se prevé un mayor control sobre plataformas que operan en línea, con el objetivo de cerrar espacios legales utilizados por organizaciones para mover recursos fuera del radar financiero.
