China impulsó el modelo de Asociación Público-Privada (APP) como vía clave para financiar obras de infraestructura en sectores estratégicos. Un estudio reciente, publicado por China Finance Review International, analizó más de 12 mil proyectos registrados entre 2019 y 2022, con el objetivo de identificar qué factores determinan su ejecución o disolución.
Durante el periodo 2009-2022 se propusieron más de 14 mil iniciativas bajo este esquema, con una inversión conjunta superior a los 20 billones de yuanes. El análisis utilizó modelos de regresión probit para evaluar cómo influyen variables como el tipo de propiedad, el esquema de ingresos y el sector económico en la viabilidad de los proyectos.
El documento advierte: «los proyectos en fase de ejecución en sectores que requieren un fuerte apoyo gubernamental (por ejemplo, transporte, desarrollo urbano) o donde la calidad prima sobre la eficiencia de costes se enfrentan a mayores riesgos de cancelación, a menos que las empresas estatales formen parte del sector social».
La investigación también identificó que la intervención de actores privados, sin respaldo de entidades públicas, tiende a incrementar los niveles de disolución. De acuerdo con el estudio, «la participación de empresas privadas aumenta la probabilidad de disolución, mientras que un partido social más descentralizado la reduce».
Otro hallazgo destacado muestra que los proyectos que cuentan con pagos gubernamentales o subsidios para cubrir posibles déficits tienen más probabilidades de avanzar hasta la fase de ejecución. Este tipo de esquemas aparece como un mecanismo clave para mitigar riesgos financieros en etapas tempranas.
Según los autores, esta investigación «proporciona la primera prueba empírica a gran escala de las teorías de las APP en el contexto chino, destacando el singular efecto estabilizador de la participación de las empresas estatales en industrias socialmente críticas».
Los hallazgos cobran relevancia en un momento en que las autoridades chinas enfrentan desafíos fiscales relacionados con la deuda de los gobiernos locales. Regulaciones recientes, como la Política del Consejo de Estado [2023 n.º 115], buscan fortalecer la sostenibilidad del modelo APP frente a estos riesgos estructurales.
En cuanto a sus aplicaciones, el estudio señala: «en sectores donde el apoyo gubernamental es indispensable, la participación de las empresas estatales puede mejorar la estabilidad del proyecto. En cambio, en sectores menos sensibles a las políticas, se puede fomentar una mayor participación privada«.
Con esta diferenciación se permitiría a los responsables políticos diseñar marcos más resilientes y ajustados a las características de cada sector. Así, se fortalecería la cooperación público-privada en el desarrollo de infraestructura.
