México dio un paso decisivo hacia la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, al declararse la validez constitucional de la reforma que prevé una implementación gradual desde 2027 y hasta 2030.
La modificación al artículo 123 constitucional fue aprobada previamente por el Senado y la Cámara de Diputados, y posteriormente recibió el respaldo de más de la mitad de los congresos estatales, requisito indispensable para concretar cambios a la Constitución.
Con ello, el proceso legislativo entra en su etapa final: la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Seis claves de la reforma
¿Qué cambia?
La Constitución establecerá una jornada semanal de 40 horas de manera gradual.
El descanso, el punto más debatido
La reforma mantuvo el criterio de un día de descanso por cada seis de trabajo y descartó elevarlo a dos días, como proponían trabajadores y sindicatos independientes. Este fue uno de los argumentos utilizados por opositores para calificar la medida como “insuficiente”.
Aplicación gradual
El esquema transitorio contempla una reducción progresiva de dos horas por año:
- 48 horas en 2026
- 46 horas en 2027
- 44 horas en 2028
- 42 horas en 2029
- 40 horas a partir de 2030
Horas extra y mecanismos de ajuste
El nuevo diseño eleva el máximo de horas extra semanales permitidas de nueve a 12, sin exceder cuatro horas por día y en no más de cuatro días.
Ruta legislativa cumplida
El Senado y la Cámara de Diputados avalaron el proyecto por mayoría calificada y, tras el respaldo de los congresos estatales, se emitieron las declaratorias de validez constitucional.
¿A quién impacta?
La reducción podría beneficiar a más de 30,6 millones de trabajadores en el país, de los cuales 9,6 millones laboran actualmente más de 48 horas semanales.
Costos y advertencias
Aunque la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó el contenido de la reforma, otros sectores han advertido que, sin medidas complementarias, la reducción podría elevar los costos operativos, especialmente para pequeñas y medianas empresas, por lo que han solicitado certidumbre en la implementación.
Por su parte, defensores de la reforma la consideran un avance en la calidad de vida y la productividad, con una transición diseñada para amortiguar el impacto económico.
¿Qué falta?
La publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada formal en vigor, así como la adecuación de leyes secundarias y la definición de criterios de implementación conforme al calendario de transición.
