Gobierno de México impulsa “plan B” electoral con enfoque en austeridad y participación ciudadana
Redaccion 
El Gobierno de México anunció el envío al Senado de un nuevo paquete de reforma electoral, conocido como “plan B”, que busca reducir privilegios en el sistema político, disminuir el gasto público y fortalecer la participación ciudadana en los procesos democráticos.
La propuesta fue presentada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien explicó que esta iniciativa surge luego de que la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no alcanzara la mayoría calificada necesaria en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la funcionaria, el nuevo planteamiento mantiene los principios centrales del proyecto original, pero se enfoca en modificaciones legales que no requieren cambios a la Constitución, lo que podría facilitar su aprobación en el Congreso.
Rodríguez destacó que uno de los ejes principales de la iniciativa es la reducción de privilegios dentro del sistema electoral, así como la eliminación de excesos en el ejercicio de la función pública. En este sentido, subrayó que la propuesta está alineada con los principios de austeridad promovidos por la llamada Cuarta Transformación, impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“El objetivo es reducir costos y actuar bajo uno de los principios fundamentales de este proyecto de nación, que es la austeridad republicana. Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana”, afirmó.
Entre las medidas más relevantes del “plan B” se encuentra la implementación de límites a los salarios de los funcionarios electorales, estableciendo que ningún servidor público en este ámbito podrá percibir ingresos superiores a los de la presidenta de la República.
Asimismo, la iniciativa contempla ajustes en el ámbito local, particularmente en los municipios, donde se plantea reducir el número de regidores. Según lo expuesto, los ayuntamientos tendrían entre siete y un máximo de 15 regidurías, dependiendo de su tamaño poblacional, lo que permitiría generar ahorros en el gasto público.
El Gobierno federal indicó que los recursos obtenidos mediante estas reducciones podrían destinarse a obras públicas y programas sociales, con el objetivo de beneficiar directamente a la ciudadanía.
Otro de los puntos clave de la propuesta es el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización electoral. Para ello, se plantea el uso de herramientas tecnológicas y la colaboración con instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, con el fin de supervisar de manera más eficiente el origen y destino de los recursos utilizados en campañas políticas.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum defendió la necesidad de impulsar este tipo de reformas, al considerar que el gasto en procesos electorales y en los partidos políticos es excesivo.
“Es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales ni en los partidos políticos”, señaló la mandataria, quien también destacó que la propuesta busca corregir desequilibrios en la representación política, ajustando el número de funcionarios locales en función de la población.
El Ejecutivo federal confía en que esta nueva iniciativa tenga viabilidad en el Congreso, al tratarse de modificaciones legales que no requieren mayoría calificada, a diferencia de la reforma constitucional previamente rechazada.
Con este “plan B”, el Gobierno de México busca avanzar en la transformación del sistema electoral bajo criterios de austeridad, eficiencia y mayor cercanía con la ciudadanía, en un contexto político donde el debate sobre el costo de la democracia y la representación continúa siendo un tema central en la agenda nacional.
