15 de mayo de 2025
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Fuente: Internet

La banda mexicana Los Alegres del Barranco fue acusada este martes de apología del delito, tras interpretar un narcocorrido durante un concierto en Zapopan, Jalisco, en el que se proyectaron imágenes de Nemesio “El Mencho” Oseguera, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los más peligrosos de México.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que los integrantes del grupo, junto con su representante y promotor, fueron imputados ante un juzgado penal, aunque podrán enfrentar el proceso en libertad bajo fianza. En el estado, este delito puede conllevar una pena de hasta seis meses de prisión.

El incidente ocurrió durante una presentación a finales de marzo, donde la agrupación interpretó el tema «El señor del Palenque», una canción que, de acuerdo con las autoridades, enaltece a líderes criminales. El momento fue grabado y se viralizó en redes sociales, lo que provocó críticas de autoridades estatales y federales.

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Narcocorridos bajo la lupa en varios estados

La actuación ha reavivado el debate sobre la difusión de narcocorridos y otras variantes como los corridos tumbados o corridos bélicos, géneros que suelen glorificar a figuras del crimen organizado.

«Nuestra posición es ir construyendo este consenso social de que no se debe hacer apología de la violencia», declaró la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 14 de abril, al referirse al caso durante su conferencia matutina.

Estados como Nayarit, Baja California, Chihuahua y Quintana Roo ya han establecido restricciones o prohibiciones sobre este tipo de contenido musical, con el argumento de que contribuye a normalizar la violencia en un país donde la inseguridad ha cobrado miles de vidas en los últimos años.

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El Mencho, uno de los criminales más buscados

El concierto generó aún más controversia al incluir la imagen de «El Mencho», por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares. Tanto el CJNG como el Cártel de Sinaloa han sido catalogados por las autoridades estadounidenses como organizaciones terroristas, debido a su participación en actividades violentas a gran escala.

La polémica refleja una creciente preocupación sobre el papel de la cultura popular en la normalización del crimen organizado, y pone de nuevo sobre la mesa la responsabilidad de artistas, promotores y plataformas en la construcción de narrativas sociales.