La Cámara de Diputados recibió la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual propone diez cambios constitucionales que incluyen modificar el sistema de representación proporcional, reducir el financiamiento electoral y prohibir la reelección inmediata a partir de 2030.
Tras su recepción, la presidencia de la Cámara turnó la propuesta a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para su análisis. La iniciativa plantea reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos de la Constitución en materia electoral.
El documento señala que reformar la Constitución en materia electoral busca perfeccionar el sistema democrático, ajustando sus mecanismos a desafíos actuales como los altos costos de los procesos electorales, la complejidad administrativa, los riesgos de financiamiento irregular y la necesidad de mayor participación ciudadana.
La propuesta mantiene el principio de representación proporcional, al considerar que permite garantizar la presencia de minorías en el Congreso. Sin embargo, plantea modificar el mecanismo de selección de los legisladores plurinominales para evitar que su designación dependa únicamente de decisiones internas de las dirigencias partidistas.
El objetivo, según la iniciativa, es que la pluralidad política sea resultado directo de la voluntad ciudadana y no únicamente de acuerdos entre las cúpulas de los partidos.
En el régimen transitorio se establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales deberán aprobar las adecuaciones legales necesarias para armonizar sus marcos jurídicos con la reforma a más tardar el 15 de mayo de 2026.
También se plantea que el Instituto Nacional Electoral emita los acuerdos, lineamientos e instrumentos normativos necesarios para cumplir con las nuevas disposiciones dentro del mismo plazo.
Además, se propone que el padrón electoral y la lista nominal de personas electoras que residen fuera del territorio mexicano tengan carácter permanente, mediante las modificaciones correspondientes en la legislación electoral.
La iniciativa, denominada por la presidenta como “decálogo por la democracia”, también plantea transformar la forma en que se eligen los 200 diputados de representación proporcional, que actualmente acceden al Congreso mediante listas elaboradas por los partidos políticos.
Entre otros cambios, propone reducir en 25 % el gasto electoral, lo que implicaría recortes al Instituto Nacional Electoral, a los institutos electorales estatales y al financiamiento de los partidos políticos.
Asimismo, contempla fortalecer la fiscalización de recursos y topes de campaña, regular el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral y disminuir los tiempos de radio y televisión durante las campañas.
La iniciativa deberá ser discutida y votada en el Congreso. Al tratarse de una reforma constitucional, requerirá mayoría calificada para su aprobación.
