En una iniciativa del Gobierno Nacional, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, se ha puesto en marcha un programa para permitir que las mujeres privadas de la libertad en condiciones de marginalidad cumplan sus condenas a través de servicios comunitarios, evitando de esta forma el encarcelamiento. Esta medida se enmarca en la Ley de Utilidad Pública (Ley 2292 de 2023), que tiene como objetivo principal garantizar un enfoque humanitario en el sistema penal del país.
Beneficiarios y Alcance de la Iniciativa
De acuerdo con datos oficiales, en Colombia existen 5.942 mujeres que cumplen con los requisitos para beneficiarse de este programa. De estas, 1.423 están recluidas en el centro carcelario El Buen Pastor de Bogotá. Hasta la fecha, 105 mujeres han sido liberadas bajo esta medida, y existen 2.549 cupos disponibles a nivel nacional, gracias a la colaboración de 27 aliados, entre ellos organizaciones no gubernamentales y entidades públicas vinculadas al Ministerio de Justicia.
Compromiso de las Autoridades
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, resaltó el trabajo conjunto con diversas entidades para ampliar el alcance de esta alternativa penal. Buitrago explicó que el Ministerio ha acompañado a las mujeres en los centros carcelarios para conocer sus expectativas y determinar quiénes cumplen los requisitos. Además, indicó que el Ministerio brinda asesoría jurídica a las reclusas, ayudándolas a gestionar las solicitudes para obtener el beneficio de la ley.
Perspectiva de Género y Enfoque Diferencial
La Defensoría del Pueblo también ha jugado un papel clave en esta iniciativa. A través de la resolución 003 de 2024, la Defensoría estableció un enfoque diferencial para la aplicación de la ley, con un enfoque inclusivo y de género. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que el bajo número de penas concedidas hasta el momento se debe, en parte, al desconocimiento de la norma y a interpretaciones restrictivas de algunos operadores judiciales. Para mejorar la implementación, la Defensoría ha desarrollado guías pedagógicas dirigidas a asistentes sociales, jueces y defensores, con el fin de facilitar la comprensión de conceptos clave como marginalidad y condición de cabeza de hogar.
Promoción de los Beneficios por parte de la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo, también ha impulsado la difusión de los beneficios de la ley. Camargo emitió directrices a los fiscales para que promuevan este beneficio durante los procesos judiciales y animó a los fiscales a identificar, de oficio, a las mujeres procesadas que sean madres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad. Esta información debe ser incorporada en las investigaciones, de acuerdo con las nuevas directrices.
Reafirmación del Compromiso Gubernamental
Por último, la ministra Ángela María Buitrago reiteró el compromiso del Gobierno con los derechos de las mujeres en reclusión y subrayó la importancia de la reintegración social. «En la cárcel entra la persona, no el delito. Por eso insistimos: sigan adelante, no cesen en ese intento», afirmó Buitrago, destacando el enfoque humanitario y de reinserción social de la política.
Este programa refleja una nueva visión sobre el tratamiento penal de las mujeres, orientada hacia la rehabilitación, la reintegración a la sociedad y la promoción de derechos humanos en el sistema penitenciario de Colombia.
