El día martes 26 de noviembre, las autoridades estadounidenses desmantelaron una red criminal multiestatal dedicada al lavado de dinero proveniente de fraudes cibernéticos. La organización, que operaba desde 2016, utilizaba esquemas sofisticados de vulneración de correos electrónicos comerciales y otros fraudes en línea para obtener ganancias ilícitas. En un operativo coordinado en Tennessee, Texas y Missouri, fueron arrestadas nueve personas vinculadas a esta actividad delictiva.

Los detenidos son Samson Omoniyi, de 43 años, de Houston; Misha Cooper, de 50 años, de Murfreesboro; Robert Cooper, de 66 años, también de Murfreesboro; Carlesha Perry, de 36 años, de Houston; Whitney Bardley, de 30 años, de Florissant, Missouri; Lauren Guidry, de 32 años, de Houston; Caira Osby, de 44 años, de Houston; Dazai Harris, de 34 años, de Murfreesboro; y Edward Peebles, de 35 años, también de Murfreesboro. Todos enfrentan cargos por conspiración para cometer lavado de dinero, un delito que conlleva penas de hasta 20 años de prisión.

De acuerdo con la acusación, la organización estructuró un sistema jerárquico para maximizar la efectividad de sus operaciones. Los líderes, denominados «pastores», reclutaban a «mulas de dinero» encargadas de realizar las transacciones necesarias para ocultar el origen ilícito de los fondos. Estos fondos eran obtenidos mediante fraudes cibernéticos dirigidos a empresas e individuos tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

Esta red empleaba empresas ficticias para legitimar las ganancias y evadir la detección por parte de las autoridades. Las investigaciones revelaron que los acusados lograron blanquear más de 20 millones de dólares utilizando métodos como la manipulación de transferencias internacionales y la falsificación de documentos empresariales. Esta estructura permitía mantener la operación en marcha durante años mientras enriquecían a los miembros de la conspiración.

La fiscalía señaló que los fondos blanqueados provenían principalmente de ataques cibernéticos sofisticados, como los esquemas de vulneración de correos electrónicos comerciales. Este tipo de fraude implica interceptar comunicaciones financieras legítimas para redirigir transferencias electrónicas hacia cuentas controladas por los conspiradores. Estas prácticas generan pérdidas significativas tanto para las víctimas como para las instituciones financieras involucradas.

Se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión, además de posibles multas económicas y sanciones adicionales. La sentencia será dictada por un juez federal, quien considerará las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales relevantes.