Fuente: NotiPress
El 1 de abril de 2025, un intento de desalojo en Chalco no solo puso en alerta a las autoridades, sino que evidenció un problema estructural que afecta a miles de personas en el Estado de México: el despojo ilegal de inmuebles. Este conflicto, que combina vacíos legales, redes criminales y omisiones institucionales, derivó en una respuesta inédita por parte del gobierno mexiquense.
Una nueva unidad contra el despojo
Como consecuencia directa del caso en Chalco, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México formalizó el Acuerdo 03/2025, publicado el 25 de abril, que dio origen a la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles. La creación de esta unidad marca un parteaguas en el abordaje institucional del problema: se trata de una instancia especializada en identificar, investigar y judicializar los casos de despojo, así como garantizar la restitución de los inmuebles a sus legítimos propietarios.
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Operativos coordinados y primeros resultados
Entre abril y mayo, esta unidad emprendió una serie de acciones en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y diversas policías municipales. El resultado fue la recuperación de 154 inmuebles ubicados en 11 municipios: Acolman, Chalco, Chicoloapan, Ecatepec, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nextlalpan, Tecámac, Toluca y Zumpango.
Uno de los operativos más recientes se llevó a cabo el 3 y 4 de mayo en la colonia San Diego Linares de Toluca, donde se aseguraron cinco propiedades. Durante la acción, fue detenido Miguel «N», un hombre de 46 años que portaba envoltorios con presuntas sustancias ilegales. El caso se turnó al Ministerio Público bajo la sospecha de delitos contra la salud, lo cual muestra la relación entre invasiones y actividades delictivas colaterales.
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Penas que no disuaden
A pesar de la gravedad del delito, las penas actuales por despojo son relativamente bajas. El artículo 308 del Código Penal del Estado de México establece sanciones de uno a cinco años de prisión y multas de entre 30 y 125 UMAs, lo que equivale a entre $3,394 y $14,142 pesos. Para ponerlo en contexto, invadir el carril del Mexibús puede costar hasta 60 UMAs, es decir, cerca de la mitad de la pena económica por despojar a una familia de su hogar.
Ante esta disparidad, el diputado Miguel Gutiérrez, representante del Distrito 1 con cabecera en Chalco, presentó una iniciativa de reforma legal que busca aumentar las penas de 5 a 10 años de prisión, con multas de entre 1,000 y 3,000 UMAs. Además, la propuesta contempla hasta 17 años de cárcel y multas de 6,000 UMAs para quienes organicen o dirijan invasiones de forma sistemática.
Una crisis en números
Los datos oficiales revelan una crisis silenciosa. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron 4,936 denuncias por despojo en el Estado de México, lo que representa un promedio diario de 13.5 casos. Y el panorama no mejora: solo en enero y febrero de 2025 se abrieron 861 carpetas de investigación, un incremento del 7% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Municipios como Ecatepec (580 denuncias), Tecámac (367), Nezahualcóyotl (253), Toluca (231) y Cuautitlán Izcalli (149) encabezan la lista de conflictos, concentrados en el corredor urbano más poblado del país. En estos territorios, donde el crecimiento urbano ha sido desordenado y acelerado, los vacíos legales en la tenencia de la tierra han sido aprovechados por redes de despojadores.
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Riesgos humanos y sociales
Más allá de lo legal, el despojo suele convertirse en un foco de violencia social. Los desalojos, en muchas ocasiones, terminan en enfrentamientos entre habitantes, policías o grupos armados. La recuperación legal de los inmuebles, por tanto, no solo implica una tarea jurídica y administrativa, sino también una estrategia de prevención de conflictos y resguardo de la integridad física de las personas.
Las autoridades estatales han reiterado su compromiso con la restitución legal de las viviendas, pero también reconocen que el fenómeno requiere atención integral, incluyendo el fortalecimiento de los registros de propiedad, la agilización de los procesos judiciales y una mayor presencia del Estado en zonas vulnerables.
Una batalla que apenas comienza
La creación de una unidad especializada y la recuperación de más de 150 inmuebles en un par de meses son señales de una respuesta emergente frente a una problemática profunda. Pero los números y las reformas pendientes muestran que el camino apenas empieza.
El despojo de propiedades no es solo un delito patrimonial, sino una afrenta directa a la seguridad, la dignidad y el derecho a la vivienda. Y como tal, exige una respuesta contundente, sostenible y basada en el respeto a la legalidad.
