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El alcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago, fue arrestado en Jalisco, México, en relación con una finca en la que, según investigaciones, operaba un centro de entrenamiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La detención fue confirmada este sábado por autoridades federales, quienes indicaron que Murguía Santiago podría estar vinculado a la omisión o complicidad de autoridades locales con actividades ilícitas.
El alcalde pertenece al partido Movimiento Ciudadano, y fue arrestado durante la tarde del sábado, según el registro de detenciones del gobierno federal. La finca, ubicada en Teuchitlán, habría sido utilizada por el CJNG para reclutar forzosamente pistoleros. El colectivo «Guerreros buscadores», compuesto por familiares de personas desaparecidas, denunció en marzo que el lugar funcionaba como un «campo de exterminio», aunque la Fiscalía General de la República (FGR) ha desmentido que allí se llevaran a cabo ejecuciones de manera sistemática.
La fiscalía asumió las investigaciones tras la denuncia del colectivo, que había encontrado en la finca cientos de objetos personales, como ropa y zapatos, que podrían pertenecer a personas desaparecidas. Aunque el lugar ya había sido intervenido en un operativo en septiembre de 2024, las fuerzas federales y estatales en ese momento no reportaron los hallazgos. «Guerreros buscadores» también indicó que en la finca podrían haberse encontrado crematorios clandestinos utilizados para deshacerse de los cadáveres de quienes se resistían a ser reclutados. Sin embargo, la fiscalía ha desestimado esta versión, mencionando que solo se han encontrado restos óseos calcinados y que se mantiene una investigación para determinar cuántas personas pudieron haber sido asesinadas en el lugar.
Hasta el momento, 15 personas más han sido detenidas en relación con el caso, incluidos un jefe policial de un municipio vecino y dos agentes de su policía. El CJNG es uno de los carteles más poderosos de México y ha sido clasificado como «terrorista» por Estados Unidos.
México enfrenta una grave crisis de desapariciones forzadas, con más de 127.000 desaparecidos desde 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo militar para combatir el narcotráfico. Jalisco es uno de los estados más afectados, con más de 15.000 desapariciones registradas.
