23 de junio de 2025
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Fuente: Internet

El Gobierno del Estado de México anunció un nuevo programa de asesoría legal gratuita enfocado en brindar certeza jurídica sobre el patrimonio de personas en situación de vulnerabilidad. Este proyecto atenderá trámites relacionados con títulos de propiedad, juicios sucesorios intestamentarios y procedimientos no contenciosos de identidad, los cuales representan obstáculos comunes para quienes buscan regularizar su vivienda.

La iniciativa surge a partir de un convenio de colaboración entre el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP) y el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis). De acuerdo con autoridades estatales, el objetivo es establecer un modelo de atención conjunta que facilite la regularización de la tenencia de la tierra y resuelva conflictos legales que impiden el acceso a una vivienda formal.

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Jesús George Zamora, consejero jurídico del gobierno estatal, destacó que “el convenio representa una herramienta concreta para emparejar el acceso a la justicia y a la vivienda”. Esta medida se alinea con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029, impulsado por la gobernadora Delfina Gómez, y responde al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para acelerar la regularización del suelo como un derecho fundamental, mediante la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, subrayó que este acuerdo permitirá agilizar los trámites relacionados con la tenencia de la tierra, promoviendo así que las familias accedan más fácilmente a programas de vivienda social. Añadió que el Imevis continuará implementando estrategias de apoyo a sectores vulnerables, garantizando acompañamiento jurídico desde el inicio del trámite hasta la entrega del título de propiedad.

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Entre las acciones contempladas se encuentran la canalización de personas usuarias entre ambas instituciones, el intercambio de criterios técnicos, y la brindar asesoría jurídica y administrativa continua. Este acompañamiento integral busca reducir los tiempos de gestión, evitar errores y ofrecer soluciones claras a quienes más lo necesitan.

Esta política pública representa un avance significativo para reducir la desigualdad jurídica y brindar seguridad patrimonial a miles de familias mexiquenses. Al ofrecer un servicio gratuito, accesible y personalizado, el Estado de México reafirma su compromiso con una justicia social incluyente, en la que el acceso a la vivienda y a los derechos legales no dependa de la condición económica.