Un estudio universitario advierte sobre la vulnerabilidad laboral de los repartidores a domicilio en Europa y pide la creación de una normativa específica que regule su trabajo dentro de las plataformas digitales.
La investigación, realizada por la Universidad de Córdoba, señala que estos trabajadores enfrentan condiciones de inseguridad, precariedad y falta de transparencia en su actividad laboral.
Según el informe, los repartidores están sometidos al funcionamiento de algoritmos que asignan tareas sin que ellos conozcan los criterios utilizados, además de carecer en muchos casos de protección social o representación sindical.
El estudio analiza el papel de estos trabajadores dentro de la llamada economía de plataformas, un modelo laboral caracterizado por empleos temporales, flexibles y de corta duración gestionados mediante aplicaciones digitales.
Aunque este sistema también incluye actividades como diseño gráfico, programación, consultoría o traducción, los investigadores destacan que los repartidores presentan condiciones laborales más precarias debido a que deben desplazarse constantemente para realizar su trabajo, generalmente en motocicleta o bicicleta.
Tras analizar 516 plataformas digitales, el informe concluye que muchos de estos trabajadores carecen de contrato formal, tienen poca autonomía para elegir sus tareas y están sujetos a un control algorítmico que determina horarios, ubicación y asignación de pedidos.
De acuerdo con los investigadores, estos algoritmos no solo organizan el trabajo, sino que también actúan como mecanismos de control que pueden premiar o penalizar a los repartidores según su desempeño.
A esto se suma que deben utilizar sus propios medios de transporte, enfrentarse al tráfico y a las condiciones climáticas, además de soportar la presión de cumplir con tiempos de entrega estrictos.
En España, una reforma laboral aprobada en 2021 buscó evitar que estos trabajadores fueran considerados “falsos autónomos”, obligando a las empresas de reparto a contratarlos como asalariados.
Sin embargo, la medida generó controversia entre las plataformas digitales y también divisiones entre las organizaciones de repartidores, que mantienen posiciones a favor y en contra de la regulación.
