El excomisionado del Departamento de Policía de las Islas Vírgenes (VIPD), Ray Martínez, y la exdirectora de Administración y Presupuesto, Jenifer O’Neal, fueron acusados formalmente por conspiración de soborno y lavado de dinero. Ambos se presentaron el lunes 13 de enero de 2025 en una audiencia inicial ante un tribunal federal en St. Thomas, Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Detalles de la Acusación
Según los documentos judiciales, Martínez, de 56 años, y O’Neal, de 53, habrían recibido sobornos de David Whitaker, un contratista del gobierno, a lo largo de casi dos años. El plan ilícito, que comenzó en noviembre de 2022, fue extendido cuando O’Neal se unió al mismo en enero de 2024. Las autoridades afirman que los sobornos fueron blanqueados mediante una transacción financiera destinada a cubrir el alquiler de una cafetería de propiedad de O’Neal.
El esquema involucró la aprobación de facturas fraudulentas y la facilitación de pagos gubernamentales en favor del contratista Whitaker. En octubre de 2023, Martínez supuestamente ayudó a Whitaker a obtener un contrato de 1,48 millones de dólares para proveer servicios al Departamento de Policía. Tras el inicio de la investigación, se alega que Martínez intentó obstruir la investigación, incitando a Whitaker a destruir pruebas y entregando documentos falsificados para responder a una citación oficial.
Cargos y Consecuencias Legales
Martínez y O’Neal enfrentan cinco cargos de fraude electrónico de servicios honestos, cada uno con penas de hasta 20 años de prisión. Además, ambos enfrentan un cargo de soborno en un programa federal, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. También se les imputa un cargo de conspiración para lavado de dinero, que podría resultar en una pena de hasta 20 años. Martínez enfrenta, además, dos cargos adicionales de obstrucción de la justicia, cada uno con penas de hasta 20 años.
El fiscal general adjunto Brent Wible, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, anunció las acusaciones. La investigación está siendo dirigida por la Agencia Residente del FBI en St. Thomas, con la supervisión de la Oficina de Campo del FBI en San Juan. El caso está siendo manejado por la Sección de Integridad Pública de la División Penal, junto con los abogados litigantes Alexandre Dempsey y Steve Loew, y el fiscal federal adjunto Michael Conley.
Próximos Pasos
La sentencia para Martínez y O’Neal será dictada por un juez federal, quien tomará en cuenta las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales relevantes.
