Un juez federal en San Francisco bloqueó dos órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que intentaban congelar fondos federales a las ciudades santuario de inmigrantes. El juez William Orrick consideró que la medida del Ejecutivo es probablemente inconstitucional.
La demanda de las ciudades santuario
El fallo favorece a 16 ciudades y condados que presentaron una demanda contra las órdenes de Trump. Los demandantes argumentan que no están obligados a colaborar con las autoridades migratorias en tareas federales. Aseguran que esta colaboración podría afectar la confianza de las comunidades en la policía local.
Instrucciones de Trump y la respuesta judicial
Como parte de su plan de deportaciones masivas, Trump ordenó a los departamentos de Justicia y Seguridad Interna que retuvieran fondos federales a gobiernos locales y estatales con políticas de protección a inmigrantes. El juez Orrick destacó que «congelar o condicionar los fondos federales asignados a las localidades por el Congreso» viola los principios de separación de poderes de la Constitución.
Ciudades y condados beneficiados
El fallo judicial protege a 16 ciudades y condados que interpusieron la demanda. Entre ellas se encuentran zonas de California como Monterey, San Francisco, Sacramento, Santa Cruz, Emeryville, Oakland, San Diego, San José, y Santa Clara. Además, Washington, Minnesota, Connecticut, Oregón, y Nuevo México también se verán favorecidos por la decisión.
Precedente legal
Este fallo es similar a una decisión judicial en 2017, cuando Trump enfrentó demandas similares en su primer periodo presidencial, que también buscaban frenar sus intentos de presionar a las ciudades santuario.
Demandas adicionales
Por otra parte, las ciudades de Chelsea y Somerville en Massachusetts han interpuesto una demanda adicional para frenar las presiones de Trump en cuanto a colaboración en operativos de deportación masiva.
El fallo judicial refuerza la protección de las ciudades santuario en su lucha contra las políticas migratorias de Donald Trump y garantiza que el poder de retención de fondos federales sea sujeto a la revisión de la Constitución de EE. UU..
