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El Gobierno de México fortaleció sus estrategias para combatir el lavado de dinero mediante un nuevo convenio de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el objetivo de mejorar la detección y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, destacó que ambas instituciones han trabajado de manera conjunta durante casi dos décadas, y subrayó que este nuevo acuerdo permitirá consolidar mecanismos más eficientes para enfrentar estos delitos.
De acuerdo con lo informado, el convenio incorpora herramientas tecnológicas más avanzadas para el intercambio de información, así como una mayor coordinación técnica entre las dependencias, con el fin de reforzar la capacidad institucional del Estado mexicano.
El acuerdo también contempla la creación de grupos de trabajo interinstitucionales que analizarán casos relevantes, emitirán recomendaciones especializadas y darán seguimiento a posibles riesgos que puedan afectar la estabilidad del sistema financiero.
Por su parte, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que se fortalecerán los mecanismos tecnológicos para la gestión de la Lista de Personas Bloqueadas, una herramienta clave para evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando dentro del sistema financiero nacional.
En tanto, el presidente de la CNBV, Ángel Cabrera Mendoza, señaló que la cooperación entre instituciones es fundamental para garantizar la transparencia, estabilidad y confianza en el sistema financiero mexicano, además de cumplir con estándares internacionales.
Este esfuerzo se da en el contexto de la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera, organismo internacional encargado de supervisar las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
México forma parte de este grupo desde el año 2000 y actualmente se encuentra en un proceso de seguimiento tras su última evaluación en 2018. Aunque el país cuenta con un sistema sólido en esta materia, el organismo ha señalado la necesidad de fortalecer las acciones para perseguir a los responsables y confiscar activos de origen ilícito.
Según datos del GAFI, México cumple plenamente con 10 de sus 40 recomendaciones, mientras que mantiene un cumplimiento amplio en otras 22, aunque aún existen áreas de mejora en ciertos rubros.
Con este nuevo convenio, las autoridades mexicanas buscan consolidar un sistema más robusto y eficaz para prevenir y combatir los delitos financieros, reforzando así la integridad del sistema económico y la confianza de los inversionistas.
