Los países México y Argentina mandan llamar a sus embajadores en Nicaragua para una consulta debido a las acciones políticas emprendidas por el gobierno nicaragüense. Realizaron un comunicado en conjunto, donde ambas repúblicas solicitaron la presencia, en sus respectivas capitales, del enviado mexicano Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez y el emisario argentino, Mateo Daniel Capitanich. En el documento señalan, la gestión de Daniel Ortega pone en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición, activistas y empresarios.

No obstante, los gobiernos también hacen alusión en su escrito a la detención de los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Miguel Mora, Cristina Chamorro Barrios, Juan Sebastián Chamorro y Félix Madariaga. Esto se debe a que actualmente Ortega busca un cuarto mandato en las elecciones de Nicaragua, previstas para noviembre de 2021, y a sus acciones políticas y legales se les acusa de «preocupantes», según concuerdan ambas naciones.

Bajo este contexto, la administración del país latinoamericano liderada por el dirigente nicaragüense está bajo la mira desde algunos años. A partir de 2018, los descontentos y protestas por parte
de su pueblo incrementaron y en ellas exigían a
la administración de Ortega respuestas de justicia e incluso su dimisión. Esto a causa de las muertes en abril del mismo año, ocasionadas por el uso de la fuerza por parte de la seguridad del Estado
y grupos parapoliciales. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó estas acciones como una grave violación a los
derechos humanos
.

El organismo también documentó a más de 80
víctimas y registró denuncias por parte de la población que incluían detenciones
ilegales, censura y ataques contra la prensa
, prácticas de tortura y tratos
inhumanos y degradantes. Para después llevar a cabo una investigación y presentar en un reporte oficial que la policía nacional utilizó armas de fuego, balas de goma y gases lacrimógenos para amedrentar a los estudiantes asistentes a las protestas.

Por su parte, el gobierno de Nicaragua se ha deslindado durante estos años de la responsabilidad de dicho suceso y se lo adjudicó a «grupos vándalos de derecha». De la misma forma, ha negado la existencia de presos políticos y desaparecidos, tras acusaciones por parte su pueblo y la CIDH.

Argentina y México destacaron se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos y puntualizaron, ambas naciones seguirán promoviendo «inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos». Así como las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona independientemente de su profesión o nacionalidad. Finalizaron con la reiteración al gobierno nicaragüense de su disposición para colaborar constructivamente en la promoción del diálogo y «se supere esta situación» por la vía pacífica; respetando la división de poderes, a las minorías, garantías constitucionales y al Estado de derecho.