La rendición de cuentas, así como la transparencia de los recursos que asigna el gobierno para cubrir el gasto público, es un tema que genera demasiada incertidumbre. En las últimas décadas, los actores políticos del país han sido acusados de malversación de fondos públicos, quedando dichos casos en la impunidad. Desafortunadamente, este tipo de acciones hace que la ciudadanía desconfíe de las autoridades y su forma de llevar una “buena gobernabilidad”. Por este motivo, se abrieron espacios para que la sociedad participe en la construcción de las políticas públicas del país. Esto conlleva a un logro significativo para México. El 12 de junio del 2003, entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (conocida como Ley de Transparencia),  para combatir la corrupción que habita en el sector público.

La finalidad de está ley tiene dos vertientes; la primera es que las personas tengan el derecho a acceder a cualquier documento e información acerca de las instituciones gubernamentales. También nos permite conocer las acciones de nuestros gobernantes, el uso de los recursos y los resultados que obtuvieron. La segunda, es que rompe el silencio de las malas prácticas de la gestión pública y cuestiona las decisiones que se pueden llevar a cabo de forma arbitraria. Esto provoca un mejor diálogo entre la participación civil y el Estado. Hasta aquí todo va bien, sin embargo lo que impulso a la creación de esta ley, fue un escándalo político y social, causando (una vez más) indignación a la población mexicana.

En diciembre del año 2002, la Cámara de Diputados aprobó un incremento por 600 millones de pesos, mismos que serían destinados a programas de salud hacia las mujeres. De ese monto, 30 millones de pesos, estaban asignados principalmente a la atención del VIH/sida, pero esos recursos fueron entregados de forma partidaria al Comité Nacional Pro-Vida, AC. En ese momento, seis organizaciones civiles (más adelante se darán a conocer) se dieron a la tarea de investigar y recabar información del porqué hubo una malversación de esos fondos públicos. Se documentó que el diputado Luis Pazos de la Torre, cuando fungía como Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, había manipulado de forma discrecional dicho presupuesto.

Una vez detectado y denunciado estos hechos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), comenzó a realizar la auditoría pertinente sobre estas irregularidades. La ASF confirmó los resultados que las seis organizaciones habían recolectado sobre esta malversación de recursos. Posteriormente, determinó que Luis Pazos no tenía las facultades para modificar la distribución de estos fondos. Además, recomendó a la Secretaría de Salud (Ssa)  interponer una denuncia penal a Pro-Vida así como a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados. Entre los hallazgos más significativos están los siguientes; la contratación del salón de fiestas “El Castillo Branstock”, el cual sólo ocuparon dos veces para reuniones con directivos de la organización. Los fondos públicos estaban destinados para el tratamiento de VIH/Sida, pero dicha organización compró artículos como plumas, ropa para caballero y dama en las tiendas más caras del país.

Otra de las inconsistencias detectadas está en los comprobantes fiscales realizados por la organización conservadora. Una de estas salvedades es que se contrató a la empresa Mercatel S.A de C.V para gastos de publicidad por más de 9 millones de pesos. Lo inquietante de esta situación, es que en las facturas, esa compañía tenía la misma dirección fiscal que Pro-Vida. Es muy probable que esta organización haya creado a la agencia de publicidad para “triangular” el dinero y así obtener beneficios fiscales. En un reporte de presupuesto que el Comité Nacional Provida AC otorgó a la Ssa, existían gastos que jamás se llevaron a cabo tales como sueldos, capacitación, y seguimiento médico. Aunado a esto, existían erogaciones con un sobre precio por encima del mercado, específicamente en el mobiliario y equipo de la empresa.

Resulta contradictorio que la Secretaría de Salud haya asignado este dinero a una institución que tiene una posición opuesta a las políticas de salud. El  Programa Nacional de Salud establece que “Los servicios públicos y privados que se ofrecerán serán de alta calidad técnica y deberán satisfacer las expectativas de los usuarios. Los habrán de proporcionar prestadores bien capacitados que harán uso de intervenciones basadas en evidencias científicas”. No obstante  en los Centros de Ayuda a la Mujer (CAM) de Pro – Vida se les brindaba a las mujeres (con recursos públicos) información sin ningún sustento científico. Por ejemplo: Proyectaban la película “un grito silencioso”, conocida por dar información errónea acerca del aborto. También fomentan la prohibición de los métodos anticonceptivos e imprimían figuras religiosas como el Opus Dei.

 En un informe, esta sociedad señala como un “logro” de haber salvado un total de 7 280 vidas del aborto a sabiendas que se trataban de embarazos que no eran deseados. Pro – Vida reporta que se construyeron 12 Centros de Ayuda a la Mujer y con ese mismo dinero se reforzaron 26 centros ya en operación. En el año 2003, la Secretaría de Salud sólo notificó un gasto de 9 millones para la prevención del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual. Por otro lado,  la organización conservadora reportó que de los 30 millones asignados por la Ssa, un total de 12 millones fueron destinados a gastos de publicidad.

Este acontecimiento provocó que importantes medios de comunicación así como personajes influyentes de la opinión en México ubicaran esta noticia en las portadas principales. Esto originó que los responsables de esté escándalo salieran a declarar a la luz pública y por supuesto a deslindarse de dichas responsabilidades. Los periódicos se encargaron de señalar a está noticia, como un acto de corrupción, una malversación de fondos y exigían a las autoridades esclarecer lo más pronto posible esta situación. Por supuesto que esté tema ocasionó debates interesantes sobre la injusticia, la corrupción, el conservadurismo y la doble moral en las instituciones.

Afortunadamente esta historia tuvo un desenlace feliz,  para los años 2004 y 2005 la Secretaría de Salud canceló el contrato con Pro – Vida. También, diez centros de CAM fueron suspendidos por no contar con el personal médico, ni las instalaciones adecuadas para ofrecer sus servicios. Además la misma Ssa puso una demanda en contra de Jorge Serrano Limón, Titular de la organización Pro – Vida, solicitando que se devuelvan los recursos ya entregados. De igual modo, la Secretaría de la Función Pública sancionó a este personaje con una multa por más de 13 millones de pesos, siendo la primera vez que acusan a una persona que no es servidor público, pero que tiene en su poder recursos federales. Por último, la ASF, de acuerdo a los resultados obtenidos en la auditoría realizada, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por la comprobación de las irregularidades de dicho presupuesto. Para concluir, tenemos que considerar la importancia de la rendición de cuentas como un derecho ciudadano, así como contar con los mecanismos para poder acceder a dicha información pública. La creación de está ley se derivó por múltiples factores.

Una de ellas es la presión social que realizó  la sociedad civil sobre este caso para que no quedara impune. Otro punto fue la resistencia del gobierno por no querer ser transparente y al no reconocer su desempeño y decisiones con el gasto público. Sin duda alguna, está Ley es un paso importante para el sistema de justicia en México. Sin embargo, estos esfuerzos no serán suficientes mientras el encubrir los delitos y la impunidad sigan siendo parte de la cultura mexicana.  Este caso hizo que no quedará exento gracias al trabajo de las siguientes organizaciones: El Consorcio Parlamentario y la Equidad, Equidad de Género: Ciudadanía y Trabajo, Fundar: Centro de Análisis e Investigación, GIRE Grupo de Información en Reproducción Elegida, Letra S Salud, Sexualidad, Sida y SIPAM: Salud Integral para la mujer.

Por: Enrique Misael Garduño Pérez

Es egresado de la Licenciatura en Contaduría por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, actualmente se desempeña como auditor en la firma BHR ENW Group México S.C ubicada en la Ciudad de México. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos reflexionado sobre los diversos problemas que afectan a nuestro país, que los origina y como poder  solucionarlos. Es por ello que Enrique a través de sus palabras busca reflejar las adversidades que millones de mexicanos viven y sufren en su día a día. Concientizar sobre la desigualdad social no es una tarea fácil, pero sin duda alguna esta lucha está encaminada en proteger a aquellos que se han quedado sin voz, a los que defendieron sus derechos y se los arrebataron de manera injusta y así poder ser esa luz que los guíe hacia una vida digna.