En un hecho sin precedentes, México se convertirá este domingo en el primer país del mundo que elegirá por voto popular a todos sus jueces. Sin embargo, la histórica jornada electoral ha generado controversia por la presencia de aspirantes señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Uno de los casos más notorios es el de Silvia Delgado, abogada de 51 años, quien busca ser electa jueza en Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos. Delgado es conocida por haber formado parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador del cártel de Sinaloa, antes de su extradición a EE.UU. en 2017.
“He defendido a muchas personas, también he sido asesora jurídica de víctimas”, declaró Delgado a medios locales. Asegura que su experiencia no debe ser motivo de descalificación: “Eso no me convierte en criminal”.
ONG señala candidatos «altamente riesgosos»
La organización civil Defensorxs, crítica del proceso electoral judicial, publicó una lista con una veintena de candidatos considerados de alto riesgo por supuestos antecedentes penales o nexos con el narcotráfico.
Entre los nombres más polémicos destacan:
- Leopoldo Chávez, aspirante a juez federal en Durango, quien estuvo preso seis años en EE.UU. por tráfico de metanfetaminas.
- Fernando Escamilla, candidato a juez penal en Nuevo León, quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, exlíder del cártel de Los Zetas.
- Francisco Herrera, de Michoacán, señalado en la prensa por supuestas amenazas a periodistas que posteriormente fueron asesinados en 2022.
- Job Daniel Wong, postulado en Jalisco, es ministro de la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder fue condenado en EE.UU. por abuso sexual de menores.
El gobierno minimiza la polémica
La presidenta Claudia Sheinbaum restó importancia a los casos polémicos, asegurando que representan apenas el 0.01% de los más de 2,600 jueces que serán elegidos en esta primera etapa. Otros 4,000 cargos judiciales serán sometidos a votación en 2027.
El proceso forma parte de una reforma constitucional promovida por el oficialismo, con el objetivo de combatir la impunidad y democratizar la justicia. No obstante, críticos del sistema advierten que la falta de filtros adecuados podría facilitar el acceso de perfiles inadecuados al poder judicial.
Faltan controles y requisitos
Actualmente, los requisitos para postularse incluyen no tener antecedentes penales y gozar de buena reputación, pero no contemplan filtros de control de confianza como los que se exigen a otros funcionarios públicos.
“El sistema está tan abierto que para ser agente de tránsito se necesita pasar un examen riguroso, pero para ser juez penal basta con enviar un currículum”, criticó Miguel Alfonso Meza, director de Defensorxs.
En un país donde la violencia vinculada al narcotráfico ha dejado más de 480,000 muertos desde 2006 y más de 120,000 personas desaparecidas, la transparencia y confiabilidad en la elección de jueces cobra especial relevancia.
