Mucho se escucha hablar sobre estos temas. Ultimadamente, definir la privacidad es demasiado complejo. El uso de las redes sociales y la implementación de nuevas tecnologías en la vida diaria hacen que sea aún más difusa la línea que define lo que es privado e íntimo.

La Real Academia de la Lengua Española define a la privacidad como cualidad de privado y ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Así es, la definición sigue siendo algo confusa y oscura.

La importancia de la intimidad o privacidad y su protección surge del reconocimiento que, la protección de la vida no es suficiente, y es necesario que se reconozcan y remuevan los obstáculos para el disfrute de una vida plena, sin ninguna restricción a la misma.

En este orden de ideas, es necesario mencionar la ambigüedad que existe sobre el tema en el país y que, si bien, se encuentra parcialmente regulado, aún existen lagunas que nos dejan indefensos.

El derecho a la intimidad es el reconocido por la norma mexicana. Sin embargo, en el derecho anglosajón se tiene como referente theright to privacy.

El origen tiende a generar una idea sobre lo equiparable que es el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad. Algunos doctrinarios refieren a la necesidad de diferenciar que, mientras que la privacidad aduce a la vida o prácticas del individuo únicamente; y, la intimidad, refiere a la esfera personal, de amistades y familiar del sujeto.

Para efectos de la presente columna se utilizarán los conceptos como sinónimos. En este entendido, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU dice: «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques». Mientras que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme lo ha dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refiere a la existencia de la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en la privacidad de su persona, de su intimidad familiar o de sus papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento por escrito.

Aún con los fundamentos y preceptos jurídicos aplicables al país, la capacidad para definir la privacidad y la intimidad en su totalidad sigue siendo demasiado complejo.

En sí mismo, la complejidad de éste derecho se basa en la diversidad de matices que puede tener. Sus matices van, desde la prohibición de intervenciones telefónicas, revelar información íntima de los demás, acechar o grabaciones no autorizadas a, incluso, usar sin autorización nombre o firma.

La incógnita sigue ¿cómo proteger algo que no se conoce con seguridad?

Claramente, nuevas han surgido ¿Cómo cambia la percepción de éstos conceptos con la llegada de la era digital? ¿existe la privacidad con el internet?

En este caso, la materia legal se convierte en el principal aliado para asegurar que la privacidad e intimidad existen y que deben de ser protegidos. Aunque, tan ambiguo como su concepto sea su protección, se ha establecido el derecho a la intimidad digital. Sin embargo, esto será material para la siguiente columna.

Por:  Ameyalli Amador

Abogada y politóloga egresada del Tecnológico de Monterrey, con especial enfoque a temas de equidad, bienestar y derechos humanos. Se ha desempeñado como asistente de investigación en materia de Estado de Derecho, ética y violencia de género, con especial interés en protección de grupos vulnerables y de descubrimiento de las nuevas vertientes del derecho cibernético. Busca la activa de distintas disciplinas para generar políticas de bienestar. En la actualidad tiene en desarrollo estudios sobre la pobreza, el género y la tecnología como un posible factor de riesgo en la violencia de género.