Dentro de la presente columna se ha hecho principal énfasis en la necesidad de conocer los derechos humanos para hacerlos valer, identificar cuándo y cómo pueden ser violentados.

Frente a las situaciones actuales que el país presenta es importante hacer mención sobre la relación que existe entre los derechos humanos y el medio ambiente, y exponer el derecho a la ciudad.

El medio ambiente ha tenido una presencia implícita desde La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Así, en la Carta de las Naciones Unidas en 1945 podemos identificar la presencia implícita de este derecho, pues el derecho al medio ambiente sano tiene una relación directa con el derecho a la vida, y a la salud, entre otros. En la actualidad, Naciones Unidas ha reconocido al medio ambiente sano como un derecho humano en sí mismo.

Naciones Unidas en 2018 ha expuesto, por medio de los Principios Marco Sobre los Derechos Humanos y Medio Ambiente, las principales obligaciones que los Estados deben de tomar en cuenta para asegurar el cumplimiento y disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. Siendo en total 16 los principios expuestos, se menciona en especial el derecho de los pueblos indígenas a los cuales se les reconoce una protección especial por la relación de dependencia que existe en las tierras y zonas ambientales como parte esencial de la cultura, así como protección a los activistas ambientales y a los grupos vulnerables los cuales frente a cambios ambientales se ven afectados.

En general los derechos humanos procedimentales que el Estado tiene la obligación de cumplir, se enfocan en el ejercicio de tres derechos:

  1. De información: tomándose como un pre-requisito para propiciar la participación de la población. La obligación del Estado se enfoca en la valoración o evaluación del impacto de las acciones o proyectos propuestos y en hacer toda la información ambiental pública. Materializándose en el Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe.
  2. Participación pública: Hablar e influir en las decisiones ambientales que se tomen, pues éste afectará directamente el entorno en el que se desarrollan y sus derechos. Más allá que una consulta popular o una encuesta informal, este punto también se relaciona con el acceso a la justicia, por medio de la participación se busca legitimar la efectividad de la norma jurídica.
  3. Acceso a la justicia: este ámbito es demasiado amplio, pues el Estado esta obligado a generar las normas e instituciones necesarias para poder acudir en caso de presentarse alguna situación, no acorde al cumplimiento de los derechos anteriores. Por otro lado, también refiere a que el Estado debe de proveer remedios efectivos frente a la intervención ambiental con el correcto, completo y pleno disfrute de los derechos humanos.

En 2018 Naciones Unidas reportó que las posibilidades de respirar aire limpio en ciudades de países de ingresos medios y bajos son realmente escasas, pues el 97% de estas urbes no cumplen las pautas de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es decir, en México las probabilidades de respirar aire limpio conforme los parámetros de calidad que la Organización Mundial de la Salud expone es del 3%. La OMS estima que la degradación ambiental es responsable de 23% de todas las muertes en el mundo, siendo un total de 12,6 millones de personas en 2012.

Proteger al medio ambiente le cuesta a México 4.3% del PIB.

El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano, se encuentra en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo de conocimiento que en México los niveles de ozono alcanzaron un 80% más de los parámetros normales, causando cerca de 20,000 muertes por motivos de contaminación en 2018.

El tema ambiental es amplio, y sus interrelaciones con otros derechos son incontables. Ésta situación nos afecta de manera inmensurable, una manera inmediata de poder medir el impacto es por medio de los daños a la salud.

Por otro lado, se tiene el derecho a la ciudad, el cual se sitúa como un derecho humano emergente con relación al derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la vivienda digna. El derecho a la ciudad se encuentra relacionado entonces con la planeación y gestión urbana. En México en 2010 el Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y organizaciones civiles firmaron «La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad» en la cual refiere que la ciudad es una construcción, un producto y un proceso social; un lugar de encuentro, intercambio y complementación humana; y un espacio de diversidad social, económica y política. Dentro de la carta se señala que la ciudad no es una mercancía, sino un espacio de desarrollo humano de interés colectivo y con una función social, que abarca el suelo y todo régimen de propiedad del suelo. Por ello, reivindica la gestión democrática de la ciudad, lo que incluye una «verdadera» participación ciudadana en todos los ámbitos de la gestión urbana y de las políticas públicas, abogando por un disfrute democrático y equitativo del espacio urbano.

Dentro de la carta se reconocen los derechos humanos procedimentales que el Estado tiene la obligación de cumplir. En este caso, el conocimiento es poder, saber que tenemos éstos derechos, compartir la información y exigir su cumplimiento es parte de la participación ciudadana.

Proteger, cumplir y reconocer es la OBLIGACIÓN del Estado, exigir es nuestro derecho y nuestra voz.

Por:  Ameyalli Amador  @amemassiel

Abogada y politóloga egresada del Tecnológico de Monterrey, con especial enfoque a temas de equidad, bienestar y derechos humanos. Se ha desempeñado como asistente de investigación en materia de Estado de Derecho, ética y violencia de género, con especial interés en protección de grupos vulnerables y de descubrimiento de las nuevas vertientes del derecho cibernético. Busca la activa de distintas disciplinas para generar políticas de bienestar. En la actualidad tiene en desarrollo estudios sobre la pobreza, el género y la tecnología como un posible factor de riesgo en la violencia de género.