Esta semana se realizaron movilizaciones en toda la República referentes a la interrupción legal del embarazo.

Por medio de un pañuelo verde han quedado los bandos marcados.

La base para entender el movimiento es comprender que el reconocer los derechos únicamente amplía una toma de decisiones segura y legal.

La lucha del feminismo de ésta ola, la cuarta, se caracteriza precisamente por que repudia la violencia de género, violencia sexual y el acoso.

Así mismo, lucha por que las mujeres tengan derecho a la interrupción legal del embarazo. Se busca el reconocimiento y protección en la sociedad de los derechos sexuales y reproductivos.

Es decir, tener derechos sobre el propio cuerpo y en respuesta a una cultura que ha visto mal históricamente a la planeación familiar, métodos anticonceptivos, la educación sexual, y que se comienza a cuestionar sobre si la finalidad y el valor de una mujer sea el de únicamente tener hijos.

Al respecto, un grupo de Derechos Humanos de la ONU, refiere a que los Estados de todo el mundo deben actuar ahora para despenalizar el aborto y hacer todo lo posible para garantizar que las mujeres y las niñas tengan derecho a tomar sus propias decisiones sobre el embarazo.

Naciones Unidas le ha explicado a México, en numerosas ocasiones, que el aborto no debe de ser un delito en el país. El tema de la interrupción legal del embarazo (ILE) es un tema de salud y de derechos humanos.

En este entendido el órgano internacional expone que la penalización de servicios de salud únicamente para las mujeres, incluido el aborto, es una forma de discriminación contra las mujeres.

Es un tema delicado pero real, alrededor del mundo los abortos no seguros causan la muerte de unas 47.000 mujeres cada año y otros cinco millones sufren alguna forma de discapacidad temporal o permanente.

En el país sólo dos entidades permiten a las mujeres interrumpir su embarazo de manera legal, sin importar la causa. Las entidades son Oaxaca y la Ciudad de México.

Lo más importante es reconocer que éste tema se ha estado discutiendo desde hace muchas décadas ya. Lo que se busca es el aborto sin causales, pues, en sí mismo el aborto es legalmente aceptado, pero delimitado a situaciones en especial.

De manera común los demás estados comparten a la violación como una de las causales de un aborto legal. Sin embargo, en estados como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, se requiere autorización de un juez o del Ministerio Público. En San Luis Potosí y Tabasco también requieren la “comprobación de los hechos” de violación.

En la cuenta pública de 2017, se refiere que en ese año se llevaron a cabo, en Ciudad de México, cuatro mil 444 Interrupciones legales de Embarazo (ILE).

Lo más importante es recordar que el reconocimiento de derechos no hace más que ampliar las opciones para el futuro.

El que se legalice el aborto sin importar la causa, no significa que todas las mujeres tendrán que estar obligadas a realizarlo, sino se trata de dar la opción a las futuras generaciones.

Así como muchas cosas, la maternidad debe de ser una opción no una obligación. Aún así, aunque se reconozca internacionalmente el derecho a la interrupción legal del embarazo, México aplaza este tipo de discusiones en la agenda pública.

La empatía es una gran arma, lamentable es que en éste caso parece no funcionar, pues se continúa criticando a quienes luchan por éste derecho, se les tacha de locos, revoltosos, incluso delincuentes, se menosprecia y discrimina a quienes han presentado un aborto.

Quizá si esos prejuicios sociales se aplicarán a quien mata, maltrata, agrede, sodomisa, viola, golpea, manipula, tortura, quizá otro país sería.

Por:  Ameyalli Amador

Abogada y politóloga egresada del Tecnológico de Monterrey, con especial enfoque a temas de equidad, bienestar y derechos humanos. Se ha desempeñado como asistente de investigación en materia de Estado de Derecho, ética y violencia de género, con especial interés en protección de grupos vulnerables y de descubrimiento de las nuevas vertientes del derecho cibernético. Busca la activa de distintas disciplinas para generar políticas de bienestar. En la actualidad tiene en desarrollo estudios sobre la pobreza, el género y la tecnología como un posible factor de riesgo en la violencia de género.